El Poder Judicial, la Fiscalía y el IEE se verán afectados si el gobierno estatal no presenta un plan presupuestario para el siguiente año.
La magnitud del enfrentamiento entre el gobernador Samuel García y el Congreso local cada vez es más grande, pues está llegando a afectar al poder jurídico y otros institutos de Nuevo León. El problema se encuentra en que no se ha preparado un Presupuesto para el 2023, lo que resultaría en millones de pesos menos para distintos organismos.
La presidenta del Instituto Electoral Estatal, Beatriz Adriana Camacho, ha comentado que su solicitud para el presupuesto del siguiente año era de 830 millones de pesos, pero solo obtendrán apoyo de 550 a 600 millones de pesos, lo que implica una pérdida aproximada de 230 millones de pesos.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Nuevo León cuentan con proyectos que requieren de un financiamiento de 266 y 370 millones de pesos respectivamente, pero la falta de recursos entorpece o imposibilita su realización.
